Corralito en Paraguay: la caída de Ueno Bank y la renuncia de Santiago Peña

UN BANCO INTERVENIDO Y CASI TRES MILLONES DE CLIENTES SIN SU PLATA

El martes 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, el banco digital más grande del país, que pertenece al Grupo Vázquez. Intervenir significa que el Banco Central toma el control de la entidad para ordenar su situación. Desde entonces, unos 2,9 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes, no pueden acceder a su dinero. Las sucursales están cerradas y las tarjetas no funcionan, al menos por 15 días.

Las inspecciones del Banco Central encontraron datos inconsistentes y préstamos a empresas vinculadas a los accionistas, es decir, plata de los ahorristas prestada a firmas de los propios dueños. Además, el banco tenía un índice de solvencia de 5,56%, cuando el mínimo exigido es 12%. Ese índice mide cuánta plata propia tiene el banco para respaldar lo que presta: no llegaba ni a la mitad. Tampoco pudo reponer unos US $70 millones del encaje legal, la reserva de dinero que los bancos deben mantener a mano para devolverles a sus clientes.

LOS VÍNCULOS CON EL PODER

El caso tiene un componente político fuerte. El presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, ya que vendió sus inversiones en abril de ese año. El vínculo ya había generado polémica en octubre de 2024, cuando el IPS compró bonos de Ueno por unos US $32 millones y se conoció que el presidente era accionista del grupo. Peña habló entonces de una “campaña mediática”. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central desde 2023, había presidido antes Financiera Ueno.

En octubre, cuando senadores pidieron la renuncia del directorio del Banco Central, Peña lo respaldó y dijo que “abrir un sumario no significa que un banco vaya a cerrar”. Los fondos públicos depositados en Ueno se estiman entre US $800 y 850 millones. De ellos, unos US $380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilaciones, aunque el propio IPS habla de US $355 millones. El instituto aseguró que las jubilaciones y el aguinaldo están garantizados porque se pagan con los aportes, y los 32.000 jubilados que cobraban en Ueno pasarán a otros bancos.

Los depósitos están protegidos por un Fondo de Garantía que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y por banco, unos US $38.000. Con ese tope, el 97% de los ahorristas, unos 2,8 millones, recuperaría todo su dinero. Peña sostuvo que es un caso puntual, no una crisis bancaria general.

CALLES, DETENIDOS Y RENUNCIAS

Durante dos noches seguidas hubo manifestaciones en Asunción. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes. Los ahorristas hicieron vigilia frente al Congreso. Su organizador, Jorge Ramírez, pidió: “Que nos devuelvan el dinero primero”.

La Fiscalía abrió una causa por lesión de confianza tras la denuncia del Banco Central. Hay ocho directivos detenidos y embargos preventivos por US $70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre U Paraguay, U Holdings y el Grupo Vázquez. Carvallo renunció a pedido de Peña, igual que el director Marco Aurelio González, y la presidencia quedó en manos de Liana Caballero. El golpe llegó hasta Argentina: Kaitel, una empresa vinculada al grupo, tiene unos 900 empleados en Buenos Aires, no pagó los sueldos y hay suspensiones.

El jueves 5 de noviembre, Peña anunció su renuncia con un video en X. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, dijo. La decisión llegó después de que Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, anunciara que su partido apoyaría el juicio político: “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”. Un pedido de 35 diputados lo acusaba de operaciones por unos US $123 millones con empresas vinculadas y de no actuar ante irregularidades. Diputados aprobó el juicio político a Peña por unanimidad y rechazó el que se planteó contra Alliana, por 48 votos a 30.

¿ES UN 2001 PARAGUAYO?

Hay parecidos con la crisis argentina de 2001: ahorristas sin su dinero, protestas y un presidente que cae. Pero hay diferencias. En diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, decretó el corralito, que limitó los retiros de efectivo de todos los bancos del país. Fernando de la Rúa renunció días después y el país dejó de pagar su deuda. En Paraguay, la restricción alcanza a un solo banco y el resto funciona.

La deuda pública de Paraguay es de unos US $22.325 millones, alrededor del 41% de lo que produce el país en un año. Las empresas que evalúan qué tan seguro es prestarle a un país lo ubican entre los confiables. Con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene una deuda grande: tuvo un programa de asesoramiento, sin préstamo, y otro con un préstamo climático de unos US $300 millones, que terminaron este año.

QUÉ VIENE: EL SENADO DECIDE

Al cierre de esta nota, la tarde del 5 de noviembre, el Senado no había resuelto qué hará con la renuncia. Si la acepta, el vicepresidente Pedro Alliana completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028 y no habrá elecciones anticipadas. Según el artículo 189 de la Constitución, los expresidentes elegidos democráticamente son senadores vitalicios, con voz pero sin voto, salvo que hayan sido destituidos por juicio político. Según la interpretación más difundida, eso le daría fueros, es decir, protección para no ser detenido ni juzgado sin autorización del Senado, aunque el punto es discutido. La senadora opositora Esperanza Martínez ya dijo: “Rechazamos los fueros para Santiago Peña”.

Si en cambio el Senado lo destituye por juicio político, algo que requiere 30 votos de 45, Peña pierde esa condición y queda expuesto a la Fiscalía. El fiscal general, Emiliano Rolón, anunció que investigará una denuncia presentada en 2025 por enriquecimiento ilícito del presidente.