La pericia de Gendarmería “no pudo determinar” si los audios de Spagnuolo son auténticos

La Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, concluyó que “no fue posible determinar la autenticidad” de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La conclusión surge de una pericia que realizó la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses por pedido del juez federal Ariel Lijo, y que se conoció este jueves 29 de octubre. El informe tampoco pudo asignar las voces a los imputados.

El resultado no cierra la causa. Los audios, que se difundieron en agosto de 2025, describían un supuesto esquema de sobornos a prestadores y droguerías por la compra de medicamentos. La fiscalía sostiene que los procesamientos no se basan en esas grabaciones, sino en prueba documental e informática independiente.

QUÉ DIJO LA PERICIA

Según el informe, los archivos analizados presentan rasgos compatibles con una regrabación, a la que el documento llama “transferencia acústica”. Los peritos también detectaron discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua, y cortes abruptos que podrían corresponder a intervenciones o ediciones posteriores al registro original.

Además, la cadena de custodia se interrumpió antes de que el material llegara a los especialistas, de modo que no hay garantía de que lo analizado sea el original. Los peritos no pudieron descartar que se hubieran usado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Los peritos de parte coincidieron en que el material no permitía una conclusión definitiva sobre la autenticidad.

El informe no afirma que los audios sean falsos: señala que no fue posible determinar su autenticidad.

UN DEBATE QUE VIENE DE ANTES

La defensa de Spagnuolo sostuvo desde el inicio que las grabaciones podían estar editadas o generadas con inteligencia artificial, y eso motivó el análisis. Antes de que se conociera el resultado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había afirmado, sin ofrecer pruebas, que los audios “podrían haber sido adulterados o editados con IA”. Karina Milei nunca estuvo imputada en la causa.

A mediados de septiembre, la Gendarmería suspendió el cotejo con la voz de Spagnuolo porque consideró que el material no servía, aunque semanas antes lo había evaluado como apto. Spagnuolo se negó a aportar una muestra de voz. Por su parte, un estudio privado presentado por la defensa en diciembre habría detectado 18 microcortes, y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, pidieron en junio analizar si hubo clonación de voz o edición con inteligencia artificial.

LAS PRUEBAS QUE NO DEPENDEN DE LOS AUDIOS

En agosto de 2025, el juez Sebastián Casanello ordenó más de quince allanamientos, encabezados por el fiscal Franco Picardi. En Nordelta, en un auto donde estaba Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina, se secuestraron unos US $266.000 y $7 millones en sobres, además de su celular. En la sede de la ANDIS se encontró el registro de un pago a Suizo Argentina por más de $10.800 millones.

El 24 de julio de 2025, el número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, le envió a Miguel Ángel Calvete el mensaje “Sus ofrendas de esta semana”, acompañado por una tabla de diez empresas por $2.021 millones que coincide con certificados de pago de ese día. Picardi lo interpretó como un indicio de un circuito de sobornos.

Los sobreprecios son otro eje. La fiscalía señaló que un medicamento para la esclerosis múltiple se compró a $92.000 por unidad y se vendió a la ANDIS a entre $3.870.392 y $4.063.912. Por su parte, el exinterventor de la ANDIS Alejandro Vilches informó que una válvula bicaval se pagó $425 millones, frente a $124,2 millones en el PAMI. Los informes de Vilches fijan un monto provisorio de $7.833 millones entre medicamentos ($5.984 millones) e insumos médicos y ortopédicos ($1.849 millones), una cifra que no equivale a coimas acreditadas.

PROCESAMIENTOS Y QUÉ SIGUE

Casanello dispuso el primer procesamiento el 9 de febrero de 2026. La Cámara Federal confirmó después el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas, y rechazó nulidades planteadas por los Kovalivker. En octubre, Lijo firmó una ampliación, con embargos e imputaciones por compras de insumos médicos, que alcanzó a Spagnuolo, Garbellini y Calvete como jefes y a Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich como miembros.

El 21 de octubre, la fiscalía pidió indagar a los dueños de Suizo Argentina y a otros acusados, y amplió los cargos a exfuncionarios. Picardi sostiene que la causa tiene pruebas independientes de las grabaciones; la defensa plantea, en cambio, que si los audios caen deberían caer también los procesamientos.

Con el informe de la Gendarmería en el expediente, Lijo debe evaluar su alcance y decidir si ordena nuevas medidas de prueba.