El Gobierno cedió a la presión de la Iglesia: media sanción en Diputados a la nueva Ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos a favor y 9 en contra. El proyecto superó los dos tercios con el acompañamiento del peronismo, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y la mayor parte de los bloques provinciales. El texto ahora pasa al Senado, que todavía no tiene fecha de tratamiento.

La norma reemplaza la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que vence a fin de año, por un régimen permanente. El oficialismo, La Libertad Avanza, aceptó en el recinto las modificaciones planteadas por la oposición, sobre un dictamen del 23 de septiembre que el propio Gobierno no terminaba de respaldar, según se informó.

LO QUE CAMBIA

Las pensiones quedan en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Los requisitos para acceder, que son el Certificado Único de Discapacidad, una evaluación socioeconómica y un tope de ingresos individuales de dos salarios mínimos, quedan fijados en la ley y no en la reglamentación del Poder Ejecutivo. La pensión también resulta compatible con el empleo formal mientras los ingresos no superen ese tope.

El texto agrega un artículo con partidas específicas en el Presupuesto 2027. Si las del Ministerio de Salud no alcanzan, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro, y el ingreso por beneficiario no puede perder valor frente a la inflación. Además, el Gobierno tiene 30 días para presentar un cronograma de pagos a prestadores y un máximo de 90 para cancelar las compensaciones pendientes, que suman unos $278.323 millones. Ese plazo fue un reclamo expreso de Cristian Ritondo, del PRO.

Todos los pensionados por invalidez acceden a las prestaciones básicas de Incluir Salud. Se crea un nomenclador universal de prestaciones, con arancel unificado, que se actualiza mes a mes por inflación. Se mantiene también la vigencia de la ley 26.816 de empleo protegido. Según el Frente Renovador, el oficialismo solo no cedió en el título, porque no quería que la palabra “emergencia” figurara en la norma.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo sería de unos $600.000 millones en 2027, el 0,04% del PBI, y de $1,2 billones en 2028, el 0,07%, con el padrón completo. El costo fiscal fue el principal reparo del Ejecutivo y generó dudas en una mesa política de Casa Rosada.

EL ACUERDO Y LAS VOCES

Martín Menem cerró un preacuerdo con Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, junto con Giselle Castelnuovo, abrió el diálogo con Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, sostuvo que “las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencia permanente, dependientes de ninguna prórroga ni de una decisión burocrática o política”.

Selva afirmó que “el colectivo de discapacitados tuvo que sufrir el cinismo y el ninguneo del Gobierno de Milei, pero ahora el Congreso le da una respuesta”. Juan Marino, también de Unión por la Patria, explicó que las organizaciones sociales les pidieron tratar un dictamen que al menos no planteara regresiones, y mencionó unas 100 mil pensiones suspendidas. El Frente Renovador describió un cambio de método del Gobierno, que pasó de “no negociar nada” a “dar vuelta posiciones”.

EL ESCENARIO PREVIO

Las organizaciones del sector, que hasta el martes preferían prorrogar la emergencia, dieron su aval al texto la tarde del miércoles. La comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, que conduce monseñor Dante Braida, se reunió con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza para presentar una serie de pedidos concretos. El martes a última hora, autoridades del Episcopado se reunieron con el bloque libertario para pedir un acuerdo. Antes, la Conferencia Episcopal Argentina había exigido cumplir la ley y advertido sobre “un sistema al límite”.

El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, Argentina y Perú. Es la primera visita de un papa al país desde la de Juan Pablo II, en 1987. Su agenda incluye una visita al Cottolengo Don Orione, donde se brinda un hogar, comida y atención a personas con discapacidad.

EL ANTECEDENTE Y LO QUE SIGUE

No es la primera vez que el Congreso legisla sobre la emergencia. La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Javier Milei la vetó por el Decreto 534/2025. Diputados insistió con 172 votos a favor y 73 en contra, y el Senado lo hizo con 62 votos afirmativos y 8 negativos, por encima de los dos tercios necesarios.

Ahora la discusión se traslada al Presupuesto 2027. Su capítulo VI deroga el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que establece la actualización mensual por inflación de los pagos a prestadores. Herrera Ahuad reclamó que el Gobierno se comprometa a retirarlo, y el Ejecutivo no confirmó que lo haga.

Tolosa Paz advirtió que “esta ley no puede cumplirse si se cumple el Presupuesto propuesto por el Gobierno” y pidió: “No votemos esta ley para que en enero haya una decisión administrativa del Gobierno que la deje sin efecto”. La diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, dijo que “lo más probable es que el Gobierno esté armando una maniobra para incumplir la ley”. Desde Unión por la Patria señalaron además que la amplitud de la votación busca dificultar un eventual veto.