Olivos Gate: la denuncia de Marcela Pagano

Todo comenzó con una serie de filtraciones sobre el funcionamiento de la Quinta Presidencial de Olivos. Entre ellas, la difusión de una contratación que contemplaba 29.505 kilos de carne y otros alimentos para abastecer durante seis meses a la Casa Rosada y la residencia presidencial, por un monto que, según las denuncias difundidas, rondaba los $500 millones.

A partir de esos datos, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial en la que pidió investigar un presunto esquema de desvío de alimentos y utilización de recursos públicos en beneficio de un emprendimiento privado de catering. La presentación apunta, entre otros, contra funcionarios y personas vinculadas a la administración de Olivos.

LA CARNE

Según la documentación incorporada a la denuncia, el pliego contemplaba 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para seis meses. De ese total, 9.135 kilos correspondían a la Quinta de Olivos y 20.370 kilos a la Casa de Gobierno.

Dentro de la carne vacuna aparecían cortes como roast beef y paleta, que Pagano señaló como especialmente aptos para la elaboración de comidas como empanadas.

La diputada sostiene como hipótesis que parte de los alimentos adquiridos con fondos públicos podría haber terminado en un emprendimiento privado de catering. Sin embargo, la existencia de esos volúmenes previstos en los pliegos no prueba por sí misma que los alimentos hayan sido desviados. Eso es parte de lo que la Justicia deberá determinar.

LAS AGUDIEZ

La denuncia pone el foco en Belén Agudiez, quien hasta septiembre se desempeñó como subsecretaria de Planificación General de la Presidencia y formaba parte del círculo de confianza de Karina Milei.

Agudiez dejó su cargo después de que el Gobierno dispusiera cambios en la administración de la Quinta de Olivos. Su salida fue oficializada mediante el Decreto 1055/2026.

Su hermana, Analía Agudiez, aparece vinculada al emprendimiento de catering “Pancitos Caseros” y estaba relacionada con Osvaldo Javier Sosa, quien hasta septiembre era el administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos. Sosa fue desplazado de su cargo en el marco de la reorganización de la Quinta.

EL CATERING

Uno de los elementos centrales de la denuncia es una póliza de seguros contratada para personal de catering en la que aparecen personas vinculadas a la administración de Olivos.

Según la investigación publicada a partir de esa documentación, entre los asegurados figuraba Osvaldo Javier Sosa, mientras que la póliza estaba vinculada a Analía Agudiez y tenía como beneficiarios a personas relacionadas con Foggia Group, una productora de eventos vinculada a Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei.

Pagano sostiene que estos vínculos podrían ser indicios de una conexión entre la estructura de la Quinta y el emprendimiento privado de catering. La denuncia pide que se investigue si existió un uso irregular de recursos públicos.

EL PROVEEDOR

Otro de los nombres incluidos en la denuncia es el de Roberto Antonio Costa, señalado como proveedor de alimentos del Estado.

Según Pagano, Costa es un hombre de más de 80 años y no tendría antecedentes relevantes en el rubro cárnico. La diputada cuestionó que apareciera facturando millones de pesos al Estado y pidió que se investigue su participación en las contrataciones.

La Justicia deberá determinar si se trató de un proveedor legítimamente contratado y qué rol tuvo en las operaciones cuestionadas.

LOS DESPIDOS

En paralelo con la polémica, el Gobierno decidió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar sus funciones a la Casa Militar.

La medida estuvo acompañada por el desplazamiento de 12 trabajadores civiles, entre ellos Osvaldo Javier Sosa. El Gobierno justificó la reorganización en razones de seguridad y eficiencia, mientras que distintas versiones periodísticas la vincularon también con las sospechas de filtraciones de información desde la Quinta.

La Casa Militar quedó a cargo de la seguridad y de parte de la administración de la residencia, aunque desde el Gobierno aclararon que eso no significa que todas las tareas vayan a ser realizadas por personal militar.

LAS REINCORPORACIONES

Tras los despidos, ATE informó la reincorporación de 12 trabajadores, que fueron reubicados en otras dependencias de la Presidencia y la Casa Rosada.

En cambio, Osvaldo Javier Sosa y Belén Agudiez quedaron fuera de la estructura. En el caso de Agudiez, su renuncia fue formalizada por el Gobierno el 21 de septiembre. Ahora la investigación judicial deberá determinar si detrás de las contrataciones, los vínculos familiares y el manejo de los alimentos existió efectivamente un esquema de utilización irregular de recursos públicos, como sostiene la denuncia de Marcela Pagano, o si se trató de contrataciones y relaciones laborales sin delito.

Por ahora, la denuncia es una acusación en investigación y no una condena ni una prueba definitiva de corrupción.