¿Qué c*jones está pasando en España?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, casi un año antes de lo previsto. La decisión llegó después de una serie de derrotas parlamentarias y, especialmente, del rechazo en el Congreso de dos decretos impulsados por su Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda.

EL CASO MARICARMEN

El símbolo de esta crisis tiene 87 años y se llama María del Carmen Abascal, aunque todos la conocen como Maricarmen.

Vivía desde 1956 en el mismo departamento del barrio madrileño de Retiro. El conflicto comenzó cuando la propietaria reclamó la finalización de su antiguo contrato de alquiler y exigió una renta de 2.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 que pagaba hasta entonces: un aumento del 275%. Tras años de litigios, el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad y Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre.

Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por el acceso a la vivienda que se multiplicaron en España durante las últimas semanas.

LA JUGADA DE SÁNCHEZ

La convocatoria electoral implica la disolución del Congreso y del Senado. A partir de ese momento, entra en funcionamiento la Diputación Permanente, un órgano de 69 miembros encargado de mantener determinadas funciones parlamentarias mientras las Cámaras están disueltas.

Y ahí aparece la particularidad de la situación: la composición de la Diputación Permanente es diferente a la del pleno del Congreso. El PSOE y sus aliados reúnen allí una mayoría que podría permitir la convalidación de los decretos de vivienda que fueron rechazados en el pleno.

LOS DOS DECRETOS DE VIVIENDA

El primer decreto amplía la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, extiende hasta 2030 algunas medidas de protección y permite a determinados inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que finalicen antes de 2029. También incorpora medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible y limitar determinadas operaciones especulativas.

El segundo decreto modifica las reglas de duración de los contratos de alquiler. Una vez cumplido el plazo mínimo legal —cinco años, o siete si el propietario es una persona jurídica—, el contrato puede prorrogarse por períodos sucesivos de la misma duración. Además, eleva de cuatro a seis meses el preaviso que debe dar el propietario y establece, con excepciones, una indemnización de al menos 12 meses de alquiler si decide no prorrogarlo.

Y LAS CALLES

La crisis de la vivienda desbordó al Parlamento. Tras las manifestaciones de los últimos días, CCOO y UGT acordaron convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna. La fecha todavía no fue definida y deberá ser ratificada por los órganos de dirección de ambos sindicatos.

La movilización se suma a las protestas impulsadas por organizaciones de inquilinos y movimientos sociales. El lema que sintetiza el reclamo es “hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”.

Así, España llega a las elecciones del 29 de noviembre con una crisis política que se cruza con una crisis social: un Gobierno que perdió capacidad parlamentaria para aprobar sus medidas, un Parlamento disuelto, una disputa por la vivienda que salió a las calles y una elección anticipada que definirá quién tendrá que enfrentar el problema.