Vuelven a privatizar el agua: AySA ya tiene dueño por los próximos 30 años

La empresa pública de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ya tiene dueño por los próximos 30 años. El Gobierno adjudicó la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a un consorcio liderado por Rowing, la empresa del empresario Walter Román. Según Infobae, la oferta ganadora fue de US $340,2 millones por el 90% de las acciones.

Román, además, aparece ligado a la campaña de Javier Milei. Según Perfil, dos empresas vinculadas a él, Direct Group y Lógico, aportaron 20 millones de pesos cada una a La Libertad Avanza. Con la venta, el servicio de agua y cloacas del Área Metropolitana vuelve a manos privadas, dos décadas después de que el Estado se hiciera cargo.

EL CONSORCIO GANADOR

Según el perfil de la compañía en BNamericas, Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales. Perfil recuerda que Román viene de una familia con más de 70 años en la logística. Infobae, por su parte, habla de un grupo empresario local.

Junto con Rowing, el consorcio lo integran Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Infobae suma como socios a Daniel Vila y José Luis Manzano. El otro competidor fue el Grupo Roggio, que ofreció US $285 millones.

Filiberti es conocido como el rey del cloro, según Perfil, y MDZ Online señaló que Transclor ya le vende productos químicos a AySA. Es decir que uno de los socios ya es proveedor de la empresa que ahora va a administrar.

QUÉ ES AYSA

AySA nació en 2006, cuando el Estado se hizo cargo del servicio que hasta entonces tenía Aguas Argentinas, de Suez. Hoy provee agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano. Según Perfil, abastece a más de 11 millones de personas, y los datos de la propia empresa hablan de alrededor de 3,8 millones de cuentas.

LA PRIVATIZACIÓN Y SUS CONDICIONES

El procedimiento se encuadra en la Ley Bases, que declaró a AySA como una de las empresas estatales sujetas a privatización. La venta del 90% se habilitó con el Decreto 493/25. El 10% restante queda para los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.

La concesión dura 30 años y puede prorrogarse por 10 más. La toma de posesión está prevista entre enero y febrero de 2027. La nueva concesionaria deberá invertir como mínimo US $2.000 millones entre 2027 y 2031, y se proyectan inversiones de entre US $13.000 y US $15.000 millones en total.

El contrato también fija metas de cobertura. En agua potable, el objetivo es llegar al 75,3% en 2031 y al 90% cuando termine la concesión. En cloacas, la meta es alcanzar el 63,9% en 2031 y el 75% al final de los 30 años.

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 90

No es la primera vez que el servicio queda en manos privadas. Aguas Argentinas, de Suez, tuvo la concesión entre 1993 y 2006. En esa etapa las tarifas aumentaron 88% y se ejecutó solo la mitad de las inversiones en infraestructura que estaban planificadas.

El 21 de marzo de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato por culpa del concesionario. Según Página/12, el motivo principal fue la presencia de nitratos en el agua por encima de lo permitido. El conflicto siguió en el CIADI, que en 2015 condenó a la Argentina a pagar unos US $405 millones a favor de Suez y otros accionistas.

LAS OTRAS EMPRESAS DEL ESTADO

AySA se suma a otras ventas. Según Infobae, Citelec, controlante de Transener, se vendió en abril de 2026 por US $356 millones, e IMPSA pasó a la estadounidense ARC Energy por US $27 millones. Ahora, AySA se vendió por US $340 millones.

Según la Ley Bases, quedan por privatizar Energía Argentina (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE). Belgrano Cargas recibe ofertas hasta el 11 de noviembre, según MDZ Online, e Intercargo está en licitación. En cambio, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina quedaron fuera de la ley.