El desplante de Bullrich a Milei en un nuevo round de la interna

La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de una candidata a jueza federal abrió una fuerte controversia política y expuso diferencias dentro de La Libertad Avanza. La medida generó cuestionamientos de organizaciones civiles, dirigentes oficialistas y referentes del ámbito jurídico.

La protagonista del conflicto es María Verónica Michelli, propuesta por el Poder Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata. El pliego había sido enviado al Senado a fines de marzo, pero dos meses después el Gobierno solicitó su retiro. Según trascendió, la decisión estaría vinculada a que Michelli es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

La marcha atrás provocó reacciones incluso dentro del oficialismo. Una de las voces más resonantes fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien expresó públicamente su desacuerdo. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, sostuvo. Además, afirmó que si bien respeta la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar candidatos, considera que expresar sus principios también forma parte de su responsabilidad política.

La polémica cobró mayor relevancia porque apenas dos semanas antes de la decisión Michelli había comparecido ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Allí respondió las preguntas de los legisladores y obtuvo dictamen favorable con nueve firmas provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Ahora el futuro de la candidatura quedó en manos de la Cámara alta. El reglamento del Senado establece que el retiro de un pliego debe ser aprobado por votación en el recinto, independientemente de que haya obtenido o no dictamen de comisión.

Por ese motivo, el oficialismo necesita reunir los apoyos necesarios para dejar sin efecto definitivamente la postulación. Sin embargo, el objetivo no aparece garantizado. La resistencia expresada por distintos sectores políticos y jurídicos anticipa una discusión que podría profundizar las tensiones internas dentro del Gobierno y trasladar la disputa al Senado.