El Gobierno acelera el plan de privatizaciones: "el objetivo es vender todo"

El plan de privatizaciones del Gobierno nacional volvió a ocupar el centro de la agenda económica. Lo que en 2023 se había presentado dentro de la Ley Bases como un paquete de 41 empresas estatales “sujetas a privatización”, terminó reducido a ocho compañías tras la falta de consensos legislativos.

Las firmas incluidas en esa versión final son: Energía Argentina (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

Sin embargo, el objetivo oficial va mucho más allá de ese listado.

“El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. No queremos quedarnos con nada, queremos vender todo y hacerlo bien”, afirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La definición deja en claro que el programa no se limita a las empresas autorizadas por ley, sino que responde a una visión integral: reducir al mínimo la presencia estatal en la actividad económica.

Blindaje para impedir reestatizaciones

Chaher también anticipó que el Gobierno busca avanzar con procesos “irreversibles”, a través de contratos diseñados para dificultar futuras reestatizaciones.

“Que le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, explicó sobre el blindaje legal que se intenta construir.

La estrategia apunta a garantizar que cualquier eventual reversión de las privatizaciones implique costos económicos y jurídicos de gran escala.

IMPSA, la primera venta

Hasta el momento, la única compañía estatal efectivamente privatizada es IMPSA, empresa líder en diseño y fabricación de tecnología para la generación de energía.

La firma pasó a manos de la estadounidense Arc Energy por apenas US$27 millones, en una operación que despertó cuestionamientos por el monto de venta y el valor estratégico de la empresa.

Nuevas operaciones en marcha

El Gobierno también avanza con la privatización de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país.

Por esta operación ya recibió ofertas por un total de US$887 millones para desprenderse de su participación accionaria.

A esto se suma la expectativa del Tesoro por cobrar en los próximos días US$684 millones por la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en Neuquén y Río Negro.

En paralelo, como objetivo estratégico de mayor escala, el oficialismo apuesta a concretar en 2026 la reprivatización de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, luego de la fallida licitación de este año.

Privatizar para pagar deuda

Más allá de la dimensión ideológica, las privatizaciones también aparecen como una herramienta de financiamiento. La recaudación obtenida, incluso si resulta menor frente al valor de los activos transferidos, representa un alivio para un Gobierno presionado por sus compromisos externos.

Solo entre vencimientos de bonos en dólares y pagos pendientes al FMI, la Argentina deberá desembolsar más de US$12.500 millones a lo largo de este año.

En ese contexto, cada operación se convierte en una fuente extraordinaria de divisas para reforzar las cuentas públicas.

Ajuste, empleo y reducción del Estado

El proceso privatizador se combina con una fuerte reducción del empleo público.

En dos años y tres meses de gestión libertaria, se eliminaron 66.405 puestos de trabajo entre la Administración Pública Nacional, empresas estatales y sociedades del Estado, según datos del INDEC.

El déficit cero se sostiene sobre un ajuste profundo: menos empleo, venta de activos públicos y un Estado cada vez más reducido en su capacidad de intervenir y decidir el rumbo económico del país. La aceleración de las privatizaciones no aparece así como una medida aislada, sino como una pieza central del proyecto oficial.