Inocencia Fiscal II: el retorno del blanqueo
Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, Diputados dio media sanción al nuevo proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal.
El objetivo es ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema, reduciendo los riesgos y penalidades asociados a su declaración.
MÁS CONTRIBUYENTES, MENOS CONTROLES
El primer régimen de Inocencia Fiscal ya buscaba facilitar que quienes tenían ahorros no declarados pudieran incorporarlos al sistema con menores penalidades y riesgos fiscales.
La nueva versión profundiza ese camino.
Mientras el régimen anterior excluía a quienes superaran los $1.000 millones de ingresos anuales o los $10.000 millones de patrimonio, el nuevo proyecto elimina ambos límites.
Además, limita las facultades de ARCA para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado y lo detectado por el organismo es lo suficientemente significativa como para hacer perder los beneficios del régimen.
BENEFICIO PARA PYMES
El proyecto también incorpora un beneficio para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro: reduce en un 25% las multas por determinadas infracciones formales.
LA DEFENSA DEL OFICIALISMO
“Lo que hace esta ley es confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso o delincuente por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, donde no se podía ahorrar, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, diputada libertaria.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el impacto de la reforma sobre las capacidades de fiscalización.
“Detrás de la simplificación para los contribuyentes se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, afirmó Martín Lousteau, diputado de Provincias Unidas, quien propuso, con ironía, rebautizar la iniciativa como “Ley de facilitación e impunidad de la evasión” o, más brevemente, “Ley Adorni-Espert”.
La discusión de fondo queda planteada entre dos interpretaciones: para el Gobierno, se trata de generar confianza y facilitar la formalización del ahorro; para sus críticos, de reducir las herramientas del Estado para detectar evasión y patrimonio no declarado.
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