Tierras en manos extranjeras

Mientras los incendios siguen avanzando sobre los bosques de la Patagonia, el debate sobre la venta de tierras a capitales extranjeros vuelve a intensificarse. En ese marco, la extranjerización aparece como una de las principales sospechas alrededor de las causas del fuego.

En este contexto, el Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el CONICET— presentó un mapa interactivo que muestra qué porción del territorio nacional está en manos foráneas. El trabajo también advierte cómo este proceso, impulsado públicamente por el Gobierno nacional, podría profundizarse en los próximos años.

La Ley de Tierras N.º 26.737, aprobada en 2011 y aún vigente, fijó un límite del 15% de extranjerización de tierras a nivel provincial y departamental. Sin embargo, existen 36 departamentos que ya superan ese tope legal.

Hay cuatro casos especialmente críticos: Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta. En esos departamentos, la extranjerización supera el 50% de la superficie.

En total, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En términos de superficie, eso equivale a más de trece millones de hectáreas: más de cuatro veces la provincia de Tucumán o casi media provincia de Buenos Aires.

A nivel internacional, Argentina se ubica en una posición intermedia. Países como Australia superan ampliamente ese nivel, con casi el 13% de sus tierras en manos extranjeras. Estados Unidos presenta cifras similares o cercanas, con un 3,6% de las tierras agrícolas bajo propiedad foránea. En cambio, muchos países europeos mantienen regulaciones más estrictas, con participaciones extranjeras inferiores al 3%.

En cuanto al marco legal, la administración de Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras en 2023. Sin embargo, la norma continúa vigente por una cautelar judicial presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Como esa cautelar aún no fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo impulsa el proyecto denominado “La inviolabilidad de la propiedad privada”. La iniciativa busca modificar un inciso clave de la ley para eliminar el límite a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Desde el Observatorio de Tierras señalan que el patrón es claro. Las situaciones más críticas se concentran en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas, como los puertos.

En ese sentido, advierten que una derogación definitiva de la ley podría habilitar compras de tierras en áreas con un valor natural y estratégico excepcional.